miércoles, 21 de marzo de 2012
domingo, 18 de marzo de 2012
Y LA VIDA DE MADRE ¿QUE?
El presidente chileno Sebastián Piñera
ratificó su rechazo a legalizar el aborto terapéutico en Chile, ya que dijo ser
“partidario de proteger la vida y la dignidad humana”, en una columna escrita
por el mandatario y que publicó este domingo el diario El Mercurio.
“Como todo el país sabe, soy contrario a la
legalización del aborto”, escribió el mandatario sobre su negativa a legitimar
esta práctica médica, postura que manifestó cuando era candidato a la
presidencia y que ha mantenido firmemente durante su gestión gubernamental.
“Soy partidario de proteger la vida y la dignidad
humana desde su concepción hasta la muerte natural. Y, por lo mismo, soy
también contrario a la eutanasia y la pena de muerte”, agregó Piñera, en esta,
su primera columna periodística desde que asumió la presidencia en marzo de
2010.
Piñera explicó que su postura se basa en que el
aborto es ilegal en Chile, y además esgrimió motivos “prácticos” que lo llevan
a “optar siempre por la vida”, y “religiosos” ya que “como cristiano, creo en
la vida como un don de Dios. Sólo él tiene el poder para dar la vida y el
derecho de quitarla”.
MONICA PEREZ
Pese a ello, según contó la
periodista, la obligaron a estar cinco semanas más con él en su vientre y con
la pena que ello conlleva. “Soy una mujer de recursos, podría haber ido a
cualquier país del mundo”, dijo frustrada ante la imposibilidad de haber
recurrido a un aborto terapéutico, prohibido en Chile desde el año 1989.
Pero ¿cuál es hoy la realidad de
nuestro país? ¿Cuáles son los casos en los que se debería permitir esta
alternativa? Y ¿qué hacen o pueden hacer las mujeres cuando se enfrentan a un
embarazo que no llegará a término o que pone en riesgo la vida de la madre?
Lo cierto es que en Chile, entre el
año 1931 y 1989 existió la figura del aborto terapéutico en el Código
Sanitario, pero fue derogado por la junta militar de la época. Por la condición
de procedimiento clandestino, existen estimaciones acerca de los abortos
inducidos que se realizan, con cifras que oscilan entre 120 mil a 160 mil al
año, al mismo tiempo que alrededor de 30 mil mujeres son hospitalizadas por
complicaciones derivadas del aborto inseguro.
La matrona y magíster en Salud
Pública, Verónica Schiappacasse, explica que en Chile no hay un registro de
personas que pudieran necesitar un aborto terapéutico, ya que al no realizarse
este procedimiento, es muy difícil llevar un número. Asegura que, en algunos
casos estas mujeres acuden al misopostrol –medicamento abortivo, que se vende
ilegalmente en el país- o a la opción de viajar a otro país, como Argentina o Brasil, donde sí
es legal el procedimiento y es posible hacerlo sin riesgo de vida para la
madre.
Cuenta incluso que hay servicios en
algunos países, donde a las mujeres se les lleva en un barco hasta los límites
con otras naciones, donde sí es legal el aborto terapéutico.
“Pienso que se debería restablecer
el artículo que se derogó en el cual se permitía hasta el año 1989 el aborto
terapéutico en Chile y esos casos era cuando corría riesgo la vida de la madre,
como por ejemplo en una hipertensión arterial severa. También cuando hay una
malformación congénita, que para el feto le era incompatible con la vida y al
nacer, simplemente no iba a poder vivir. Eso hoy con la ecografía se puede ver
y diagnosticar a tiempo”
GRISELLE ROJAS
EL ABORTO
TERAPÉUTICO
En el año 2003
Griselle Rojas, una joven madre de 27 años, solicitó al ministro de Salud de la
época, Osvaldo Artaza, la posibilidad de realizarse un aborto terapéutico
porque el bebé que llevaba en el vientre estaba afectado por una mola
embrionaria parcial, una enfermedad que se produce por la reproducción anormal
de las células de la placenta.
El feto venía
sin cráneo y sin pulmones lo que hacía inviable su vida fuera del vientre
materno y ponía en serio riesgo la salud de la madre. Sin embargo y, dado que
en Chile no es legal este procedimiento, la mujer debió rodar de opinión en
opinión, hasta que las autoridades decidieron, finalmente, interrumpir el
embarazo, pues la joven se encontraba en serio riesgo de vida.
En ese
momento, el presidente del Colegio Médico, Juan Luis Castro, -quien apoyó a la
mujer junto a la entidad que preside- señaló que son los médicos quienes deben
tener en sus manos las respuestas terapéuticas y no una legislación que en el
año 1989 decidió interrumpir estas intervenciones que “nada tienen que ver con
un aborto inducido pues asegura bajo todos los antecedentes científicos se
intenta salvar la vida de una mujer”.
¿Y TU ESTAS DE ACUERDO?
El aborto no siempre es pecado
Los argumentos que se han dado por estos días contra el
aborto son incorrectos. Al parecer, la fe no sólo mueve montañas: también hace
que personas inteligentes digan cosas insensatas.
Es cosa de ver.
Cuando una mujer tiene en su seno a un feto inviable -v.gr.
carente de cerebro-, la discusión sobre el aborto no es acerca de la vida, sino
de la autonomía. No se discute si acabar o no con una vida humana (eso ya lo
decidió la naturaleza), sino quién debe decidir acerca de un embarazo inútil:
si quien lo padece o un tercero.
El proyecto de ley que se votará esta semana entrega esa
decisión a la mujer. ¿Qué tiene eso de terrible?
La ministra Matthei tiene toda la razón: algo así no lo
puede decidir el Estado.
Tampoco es el Estado quien debe decidir en aquellos casos en
que hay que escoger entre la vida de la madre y la del nasciturus. Si una niña
enferma de hepatitis al extremo de necesitar un trasplante, pero su embarazo
hace cada día más difícil la espera del donante, ¿debe esperarse la viabilidad
del feto o, desde ya, interrumpir el embarazo?, ¿quién debe tomar la decisión
de qué vida ha de salvarse? Ninguna declaración general acerca del valor de la
vida -de esas que se escuchan por estos días- permite resolver ese dilema
hipotético. Y sin perjuicio de preguntarse por qué la creación pone a los seres
humanos ante decisiones tan terribles, hay que decidir: ¿Quién ha de hacerlo?,
¿acaso el Estado en abstracto?
De nuevo, no cabe duda: no es el Estado quien debe decidir
algo así. Habrán de hacerlo los directamente involucrados (o, en otras
palabras, las víctimas del destino).
En fin, si una niña se embaraza producto de una violación,
¿deberá esperar que el embarazo llegue a término o podrá interrumpirlo dentro
de un determinado plazo? Es verdad que el embrión no es culpable de nada, pero
la niña violada tampoco. Y si es así, ¿por qué habría de obligársela a sumar al
dolor de haber sido violada la obligación de tolerar el fruto de esa agresión?
Lo que debe discutirse, entonces, es si el Estado puede imponer una obligación
tan gravosa como esa -la de tolerar una vida ajena con la que no existe vínculo
alguno- con el argumento que, de otra forma, se maltrata a la vida. Nadie aceptaría
que se le obligara a dar un riñón a un tercero con el argumento que, de otra
forma, el beneficiario inevitablemente morirá. ¿Por qué alguien tendría derecho
a exigir algo así a una niña violada?
De nuevo, no se trata aquí de imponer el aborto, sino de
evitar que el Estado coaccione a una persona (en este caso, una mujer violada)
para ejecutar un acto que no es razonable exigirle. Si la mujer violada, en una
decisión moralmente heroica, decide llevar a término el embarazo, podrá
suscitar la admiración de todos; pero de ahí no se sigue que un acto como ese
sea exigible por parte del Estado.
En ninguno de esos casos se trata de discutir el valor de la
vida.
En los dos primeros (cuando el feto es inviable o la mujer
está en peligro), se trata de saber si la voluntad de la mujer importa o si
debe ser sustituida, como hasta ahora ocurre, por el Estado. En el tercero
(cuando el embarazo es fruto de una violación), de decidir si el Estado tiene
derecho a exigir conductas moralmente heroicas.
Apoyar el aborto en cualquiera de esos tres casos no es
pecado; salvo, claro, que el pecado consista en aminorar el sufrimiento ajeno.sábado, 17 de marzo de 2012
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